Están regados por todo el país, y no representan ningún beneficio para el Estado.
Serán recogidos por la Central de Inversiones S.A. (Cisa), para luego ser vendidos al mejor postor.Serán más de 2.000 propiedades, entre apartamentos, casas, fincas, locales y bodegas, entre otros bienes, con un valor catastral de un billón de pesos. No obstante, el valor comercial puede ser dos o tres veces más alto.
La decisión de salir de esos bienes está consagrada en la Ley de Presupuesto, sancionada esta semana por el Presidente, Juan Manuel Santos.
El plazo para trasladar los activos a Cisa será de seis meses y el remate puede durar tres o cuatro años.
Javier Arias Toro, presidente de la entidad, dice que los 2.000 inmuebles que hasta el momento se tienen identificados, pertenecen a 97 de las 131 entidades que estarán obligadas a entregarlos.
En la lista de instituciones están los Ministerios de Transporte, Defensa y de Comercio, Industria y Turismo, así como el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Sociedades, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Procuraduría General de la Nación, el Sena y la Aeronáutica Civil, entre otros.
Las 131 entidades que estarán en ese proceso también entregarán a Cisa cartera improductiva y todo tipo de acreencias que superan, hasta el momento, los 250.000 millones de pesos.
Esta operación no será gratuita y, por tanto, Cisa la comprará con un descuento que se determinará sobre la base de avalúos técnicos.
F eltiempo.com
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