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La política de subsidios condicionados, diseñada para mitigar los impactos de la crisis de 1999, ha posibilitado que 289.000 jóvenes de los hogares beneficiarios terminen su bachillerato.
Familias en Acción, el polémico programa de subsidios condicionados, sí llega a los colombianos más pobres, afirmaron los directores del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahíta, y de Acción Social, Diego Molano.
Gracias a dicho programa, 289.000 jóvenes de hogares beneficiados pudieron estudiar y terminar la educación secundaria, afirmó Molano en la celebración de los 10 años de la iniciativa.Por llevar a sus hijos menores a controles de crecimiento y desarrollo (donde se examina su estado nutricional y el esquema de vacunación) y matricular a los de más edad en primaria y secundaria, las familias reciben en dinero 720.000 pesos al año.Molano destacó que lo anterior ha llevado a la reducción de 4,6 por ciento en las horas trabajadas por menores de 10 a 13 años, y de 9,2 por ciento en las de los de 14 a 17 años.
Es decir, ha disminuido el trabajo infantil.Así mismo, hubo una reducción de 9,5 por ciento en los eventos de diarrea en los niños entre 4 y 5 años que viven en las zonas rurales, que incluye municipios con menos de 100.000 habitantes, al tiempo que aumentó la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo: 44 por ciento en las áreas urbanas y 20 por ciento en las rurales.
El programa, hoy con 2,6 millones de familias, alrededor de 10 millones de personas, atiende a hogares del nivel 1 del Sisbén, indígenas y desplazados, es decir, "a los más pobres entre los pobres", afirmó el director del DNP.La inversión este año en Familias en Acción es de 2 billones de pesos, recordó Piedrahíta, quien dijo que hay que superar el reto de asegurar su sostenibilidad financiera.
De otro lado, el directivo señaló que 250.000 personas, de los cinco millones de 'colados' que se han detectado en el Sisbén, ya fueron excluidas de este listado de potenciales beneficiarios de las ayudas estatales, como los subsidios para vivienda social, salud y educación.
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