Ana María Ibáñez asegura que la regulación pública ha generado todo tipo de distorsiones que desincentivan la creación de empleo en el corto plazo. Afirma que el salario mínimo es excesivamente alto.
Ana María Ibáñez acaba de recibir el premio Juan Luis Londoño, el galardón más prestigioso que puede obtener un economista joven en el país. Profesora Asociada de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Directora del Cede, su investigación académica se ha concentrado en el estudio de los costos económicos del crimen y del conflicto que existe en Colombia, así como de las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso.
Con un Ph.D en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, ha trabajado en el Banco de la República, el Ministerio del Medio Ambiente, el Banco Mundial y Fedesarrollo. PORTAFOLIO la entrevistó.
¿Qué significa el premio?
Un gran honor, sin duda alguna. No sólo por el reconocimiento a mi investigación académica, sino por considerar que el desplazamiento forzoso y los costos sociales del conflicto son temas relevantes para el país.
¿Qué es lo más destacable?
Que el objetivo del premio es reconocer y preservar el legado de Juan Luis Londoño: el análisis riguroso de los problemas sociales colombianos, el diseño de políticas públicas para solucionarlos y la aplicación efectiva de estas políticas. Sus contribuciones impulsaron reformas y programas sociales de gran envergadura que han beneficiado a un número importante de personas. La política social pasó de ser manejada con programas puntuales y con un alcance limitado a ser una prioridad del Gobierno Nacional.
¿Cómo ve la situación social del país?
Si bien nos falta mucho camino por recorrer, considero que la situación social del país ha mejorado de manera sustancial durante las últimas dos décadas. No me gustan las visiones apocalípticas sobre este tema. Cualquier análisis de la situación social del país debe tener en cuenta el conflicto armado que hemos vivido, el cual se intensificó significativamente en las últimas décadas. Avanzar en medio del conflicto es difícil y lo hemos logrado.
¿Pero hay mucho por mejorar?
Sin duda. El mercado laboral colombiano tiene unas altas tasas de desempleo e informalidad; la cobertura educativa básica y primaria ha avanzado, pero no su calidad; la educación superior tiene bajas coberturas y se debe discutir su pertinencia; la violencia urbana se ha disparado; la pobreza no cede; el desplazamiento forzoso persiste; y el desarrollo de nuestras áreas rurales es bastante deficiente.
¿Por qué no funciona el mercado laboral?
La regulación pública ha generado todo tipo de distorsiones que desincentivan la creación de empleo en el corto plazo. El salario mínimo es excesivamente alto y está muy por encima de la productividad de los trabajadores colombianos. La contratación de empleos formales es costosa debido a los parafiscales y otros impuestos laborales.
¿Qué opina de las exenciones?
Las recientes exenciones impositivas favorecen el capital; por lo tanto, las firmas prefieren invertir en capital y no contratar trabajadores. Todo esto implica que nuestros mercados laborales sean poco flexibles, generen altas tasas de informalidad y no absorban la oferta laboral creciente. En el largo plazo, es importante capacitar a nuestra fuerza laboral para tener trabajadores más calificados y productivos y generar la capacidad productiva que la absorba.
¿Qué soluciones posibles hay?
Es importante modificar el sistema impositivo colombiano para eliminar los 'desincentivos' a la contratación de trabajadores. Es una discusión difícil porque esto implicaría eliminar beneficios para ciertos grupos, pero creo que con pañitos de agua tibia y reformas laborales pequeñas no vamos a lograr nada, como ha pasado hasta el momento. Es también importante invertir en educación superior, no solamente universitaria. Creo que la educación superior en carreras técnicas es igualmente importante.
¿Cómo ve el tema del desplazamiento?
El desplazamiento forzoso es un drama humano y un reto de política pública. Para la población desplazada, el choque económico causado por el desplazamiento significa la muerte de sus seres queridos, que en la mayoría de los casos es el jefe del hogar, la pérdida de su principal insumo de producción como es la tierra y de otros activos productivos, la carencia de sus redes de apoyo y la depreciación de su capital humano, pues su experiencia laboral rural no es valorada en las áreas urbanas.
¿Qué consecuencias trae?
Todo esto genera caídas sustanciales en sus ingresos que no pueden ser compensadas debido a la dificultad para conseguir buenos empleos. Para contrarrestar esta caída en ingresos, las familias adoptan estrategias que pueden perpetuar su pobreza como retirar a sus hijos del colegio.
¿Está respondiendo el Estado como debería?
El Estado ha respondido. El desplazamiento forzoso es una emergencia humanitaria y, por tanto, no estábamos preparados para afrontarlo. No creo que ningún país del mundo esté preparado para enfrentar migraciones forzadas de más del 8 por ciento de su población.
¿Cuál es su evaluación?
El Gobierno Nacional, las entidades territoriales y todo el Estado han venido aprendiendo en el camino y ajustando sus políticas para atenderlo. Que falta mucho por hacer, no hay duda. Sin embargo, somos el único país con un conflicto que diseñó una legislación para atender a la población desplazada y que está haciendo esfuerzos fiscales importantes para ponerla en práctica.
¿Cuál es el desafío de política pública?
Son varios, pero a mi juicio, el mayor desafío es apoyar a la población desplazada para recuperar su capacidad productiva, sin crear dependencia en la ayuda estatal. La presión que ejerció la Corte Constitucional en un principio fue positiva. Creo que ahora se ha venido desdibujando su actuación y la Corte se ha dedicado a cogobernar, lo cual está creando una política pública nociva.
¿A qué se refiere?
A una política pública que promueve el asistencialismo y la dependencia hacia la ayuda estatal sin atacar el verdadero problema: la dificultad de la población desplazada para generar sus ingresos y mantenerse de manera autónoma. Se están generando además incentivos perversos para que otras personas se estén haciendo pasar por población desplazada con el fin de recibir estas ayudas.
¿Y eso a qué lleva?
Todo esto ha redundado en que los esfuerzos del Gobierno Nacional no se están concentrando necesariamente en las personas desplazadas que más ayuda requieren. Es importante que la Corte Constitucional se concentre en hacer control que puede ejercer y le dé la libertad al Gobierno Nacional para ajustar la política actual.
En materia de violencia ¿qué ha visto?
Hay dos temas que me preocupan. Primero, la violencia urbana se ha disparado. Esto sucede frecuentemente en países con procesos de desmovilización de combatientes. Creo que el Gobierno no tomó las precauciones suficientes para controlar el crimen urbano cuando se inició el proceso de desmovilización de los paramilitares.
El conflicto en las zonas rurales continúa. Si bien su intensidad es menor, no ha cesado; por lo tanto, el desplazamiento persiste y nuestra población rural enfrenta todavía las consecuencias sociales y económicas del conflicto.
¿Cuál es el impacto del conflicto sobre los niños?
Dramático. Por un lado, los niños desplazados han vivido unos eventos muy traumáticos de violencia, enfrentan altos niveles de desnutrición y deben abandonar el colegio. Si miramos la situación de los jóvenes es aun más dramática.
Este Gobierno llegó con un fuerte énfasis en el tema social. ¿Qué le aconsejaría?
Concentrarse en cuatro temas esenciales y darles un impulso grande: mercados laborales, política de niñez y juventud, desarrollo rural y un proceso de reconciliación nacional con el diseño de una ley de víctimas y el fortalecimiento de la política para población desplazada.
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