Además de las Américas, otros proyectos inquietan, incluso, al nuevo Gobierno.
En medio de alertas, provenientes de varios sectores, el gobierno Uribe culminaba esta madrugada la audiencia en la que definirá si se adjudica o no uno de los más grandes y polémicos megaproyectos viales del país: la Transversal de las Américas, cuyo costo se estima en más de 1,6 billones de pesos.
Hasta último minuto, la Contraloría, la Procuraduría y Germán Cardona, el ministro de Transporte designado por el Gobierno entrante de Juan Manuel Santos, manifestaron sus reservas en torno de la entrega de esta concesión, aludiendo desde reparos ambientales de fondo (en el caso del Ministerio Público), hasta posibles demandas.
"No queremos futuros pleitos con nadie (...) Le sugerí al ministro Andrés Uriel Gallego que, en la medida de las posibilidades, le diéramos un espacio a este proyecto para analizarlo a fondo", dijo ayer Cardona, tras coordinar sus declaraciones con el propio Santos.
Pero esta no es la única concesión vial que el país 'heredará' en medio de reservas de orden financiero y jurídico, a pesar de las bondades que esta modalidad de contratación ha traído en materia de desarrollo vial y económico.
Retrasos y reajustes millonarios
La doble calzada Bogotá Giradot es otra de ellas. La obra fue adjudicada en el 2004, a pesar de que la Procuraduría aseguró que había problemas en el pliego de condiciones y en su viabilidad económica.
En seis años, este contrato -que también inquieta a Cardona- ha sido ajustado al menos 15 veces y a ello se suman los problemas financieros de uno de los concesionarios: los Nule.
Hace 15 días, el Gobierno reconoció que se encontraron inconsistencias en la información financiera, que tendrá que ser aclarada para despejar rumores de caducidad.
La vía Pasto-Chachagüí es otra de las preocupaciones. Esta obra se adjudicó hace cuatro años, por 290.000 millones de pesos, y hoy -según el propio Cardona- se habla de que vale más de 550.000 millones.
También inquietan las millonarias adiciones -por más de un billón en vigencias futuras-, que recibieron la ruta Caribe y la vía Córdoba Sucre, adjudicadas a concesionarios que comparten socios: los Amín. Estas adiciones no fueron firmadas por Julio César Arango, gerente del Inco, quien tampoco estampará su firma en caso de que se adjudique la vía de las Américas.
Arango renunció hace 48 horas aduciendo dudas sobre la viabilidad del licenciamiento ambiental y presiones de uno de los proponentes.
Este tipo de saltos en valores y en obras no contempladas inicialmente, han llevado a expertos -como Fedesarrollo- a proponer que esas adiciones se entreguen a firmas ajenas al concesionario primario.
También se pide que el Gobierno revise diseños y estructuración de estas licitaciones, para evitar que se dejen boquetes que generen demandas e incumplimientos, como los que afronta el Distrito.
Ya en el empalme se habló de tribunales de arbitramento andando por desequilibrios económicos y otros líos, como los que llevaron a suspender la adjudicación del Sistema Férreo Central, luego de un escándalo que le costó la cabeza a la cúpula del Inco.
F eltiempo.com
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